Este será breve.
Antes, una aclaración. Esta entrada NO habla de las porquerías del PT en Iztapalapa ni de Clara Brugada o Juanito.
¿Cuántas veces nos topamos con que algún gobernador o senador renuncia a la mitad de su período (en el mejor de los casos) para postularse a la presidencia? Esto sucede también con los jefes delegacionales que quieren ser diputados, etc.
Pasa todavía más seguido con directores de la CONADE, jefas del IDDF, SECRETARIOS DE GOBERNACIÓN… en fin, nunca acabaríamos. Pero estos últimos casos quedan fuera de esta entrada porque ni Carlos Hermosillo ni Ana Guevara ni Santiago Creel (sí, “so much” por la sutileza) fueron electos popularmente sino dedeados (seleccionados por dedazo, no piensen bien) por el ejecutivo correspondiente, así que en estos casos con quien quedan mal en primera instancia es con el menso que le dio su confianza y lo puso ahí.
Ahora, ¿qué pasa cuando los mensos somos los (a veces) millones que le damos nuestro voto?
Por si no queda claro cual es el punto, voy al grano con la siguiente pregunta:
¿No les parece grotesco que elegimos a un servidor público a través de nuestro voto para que ocupe un cargo de mucha importancia y responsabilidad para que de buenas a primeras (o segundas) este solo utilice su cargo como plataforma para el siguiente nivel de poder? Seré concreto, estoy convencido de que esto debería ser ilegal o, simplemente, improcedente.
Mi propuesta es la siguiente: La reglamentación electoral (me parece que estos asuntos le corresponde establecerlos al IFE, NO al Congreso) debería estipular que, además de los requisistos actuales para ser candidato a un cargo de elección popular se agregara el siguiente:
Antes, una aclaración. Esta entrada NO habla de las porquerías del PT en Iztapalapa ni de Clara Brugada o Juanito.
¿Cuántas veces nos topamos con que algún gobernador o senador renuncia a la mitad de su período (en el mejor de los casos) para postularse a la presidencia? Esto sucede también con los jefes delegacionales que quieren ser diputados, etc.
Pasa todavía más seguido con directores de la CONADE, jefas del IDDF, SECRETARIOS DE GOBERNACIÓN… en fin, nunca acabaríamos. Pero estos últimos casos quedan fuera de esta entrada porque ni Carlos Hermosillo ni Ana Guevara ni Santiago Creel (sí, “so much” por la sutileza) fueron electos popularmente sino dedeados (seleccionados por dedazo, no piensen bien) por el ejecutivo correspondiente, así que en estos casos con quien quedan mal en primera instancia es con el menso que le dio su confianza y lo puso ahí.
Ahora, ¿qué pasa cuando los mensos somos los (a veces) millones que le damos nuestro voto?
Por si no queda claro cual es el punto, voy al grano con la siguiente pregunta:
¿No les parece grotesco que elegimos a un servidor público a través de nuestro voto para que ocupe un cargo de mucha importancia y responsabilidad para que de buenas a primeras (o segundas) este solo utilice su cargo como plataforma para el siguiente nivel de poder? Seré concreto, estoy convencido de que esto debería ser ilegal o, simplemente, improcedente.
Mi propuesta es la siguiente: La reglamentación electoral (me parece que estos asuntos le corresponde establecerlos al IFE, NO al Congreso) debería estipular que, además de los requisistos actuales para ser candidato a un cargo de elección popular se agregara el siguiente:
- No es elegible ningún servidor público de elección popular (DIOS, por lo menos en el caso de Gobernadores y Senadores) mientras no se haya cumplido la fecha teórica de terminación de su mandato.
Detallando, me refiero a que sin importar si el servidor renuncia, es destituído o el Peje le dice que Clarita lo va a remplazar, este no podrá registrarse como candidato a ninguna elección (insisto, podrían haber excepciones) hasta que se hallan cumplido los 3, 6 años o lo que corresponda para que llegue la fecha proyectada en que su mandato finalizara.
En fin, esto va más allá de un desagrado evidente hacia esa práctica que parece casi reglamentaria en los políticos en puestos de alto calibre. Las razones concretas (y, creo, evidentes) son las siguientes:
- Cuando elegimos a un candidato lo hacemos para que cumpla con su trabajo y este es por un período determinado. Que se salgan un año antes o unos meses antes nos dice que su prioridad no era aprovechar al máximo esos años para cumplir con un plan de trabajo en favor de sus electores o gobernados.
- Al quitarle ese “trampolín” a los políticos, forzamos a que el gobernar (o legislar, etc) y hacer campaña se vuelvan dos procesos distintos o por lo menos un poco menos entrelazados. Así pierden efectividad y proyección las medidas populistas y electoreras.
Es todo, espero que si alguien piensa de forma opuesta me pudiera dar sus argumentos para entender cómo puede justificarse la situación actual. Yo no encuentro como.